Desempleo: una asignatura pendiente

El desempleo: una asignatura pendiente del orteguismo

Douglas Salamanca

“A grandes males, grandes remedios”, reza el conocido adagio. Sin embargo, eso no se ha dado en nuestro país en lo que concierne al agudo problema del desempleo. En Nicaragua nadie se ha preocupado nunca realmente o seriamente por el desempleo, pese a que ese es un flagelo que agobia a centenares de miles de personas. En realidad, es muy comprensible que las clases privilegiadas no se preocupen tanto por el desempleo, pues no sufren sus consecuencias en carne propia. Se han dado, eso sí, muchas declaraciones demagógicas (“del diente al labio”, como se dice popularmente) al respecto, pero la falta de interés en resolver el problema es fácil de demostrar en la práctica, ya que, como cualquier observador atento puede constatar, no se ha hecho prácticamente nada.

El gobierno orteguista se proclama defensor de los pobres y debemos admitir que, en algunos aspectos puntuales, ha mostrado acaso más interés por los desposeídos que los gobiernos anteriores, a través de diversos programas y proyectos. En otros aspectos, como en el caso de la cancelada Cuenta Reto del Milenio, debido al robo de las elecciones municipales, las acciones del gobierno han resultado contraproducentes para el grueso de la población.

El gobierno ha promovido en el campo el programa “Hambre Cero”, cuyos resultados han sido insatisfactorios. También “Usura Cero” es otro programa dirigido a financiar a pequeños comerciantes urbanos cuya repercusión ha sido mínima o nula.

A diferencia de lo que piensan los ideólogos de la derecha, considero que es absolutamente indispensable y urgente que el gobierno redistribuya la riqueza social a favor de los más desposeídos. Para hacer esto, existen sin embargo una serie de opciones, entre las cuales hay que saber elegir las mejores.

El gobierno se ha concentrado en aplicar medidas de carácter asistencialista, a través de subsidios, transferencias y donaciones. Eso podría ser aceptable, pero hay algunos problemas con este procedimiento, como son los siguientes: 1) No se les puede resolver a todos, pues “no da la cobija” .2) Los recursos no se emplean con máxima eficiencia (en Hambre Cero muchas cerdas regaladas han resultado ahorcadas en los chiqueros o pocilgas). 3) Las ayudas permanentes e inmerecidas tienden a crear dependencia. 4) La implementación de ciertos programas como Hambre Cero exige la creación de una gigantesca burocracia para administrarlos, y aún así siempre se prestan a malos manejos. 5) Los beneficiarios de estos programas, de carácter selectivo, son aquellas personas allegadas al partido en el poder.

Existen, sin embargo, otras formas de promover el empleo productivo de las cuales, inexplicablemente, nunca se habla. Es muy probable incluso que el presidente Ortega las desconozca, tomando en cuenta su falta de formación en materia económica.

De hecho, existe un arsenal de medidas con las cuales el gobierno puede incrementar el empleo productivo. Son medidas que, en vista de la gravedad del problema, el gobierno está obligado a aplicar, en mayor o menor grado, y al margen de que algunas puedan llegar a resultar más exitosas que otras.

Mencionaré aquí, un tanto al azar, algunas de estas medidas que acuden a mi mente en este momento.

a) El gobierno debería apoyar a los campesinos sin tierra, facilitándole el financiamiento para acceder a tierras de alquiler, a través de un programa que se extienda a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es una medida que tiene varias ventajas a su favor: 1) la práctica de alquilar tierras para trabajarlas en forma estacional está ya muy arraigada en el país, por lo cual existe una experiencia acumulada al respecto. 2) Se fomenta por esa vía el incremento de la producción agrícola y ganadera. 3) Se aprovechan las tierras actualmente ociosas. Desde un punto de vista social, la medida está plenamente justificada: los campesinos sin tierras son personas más necesitadas que los beneficiarios de “Hambre Cero”, los cuales, para recibir su “bono productivo solidario”, tienen que ser minifundistas, o sea propietarios de parcelas que explotan en forma tradicional bajo un régimen familiar.

b) El gobierno debe poner más énfasis en el desarrollo económico municipal. La inmensa mayoría de los alcaldes, tanto liberales como sandinistas, no tienen la menor idea de su responsabilidad—que es muy grande-- para promover el empleo dentro de sus territorios. Ni tampoco, dicho sea de paso, de ninguna de sus otras atribuciones. Ellos operan, por lo que he podido ver, dentro del más deplorable nivel de empirismo y apafueguismo. Es necesario capacitarlos al respecto, a través de talleres y seminarios, y empoderarlos intelectual y materialmente para que se conviertan en los principales promotores del desarrollo económico local, aglutinando a su alrededor a todos los agentes socio-económicos locales en una estrategia consensuada de desarrollo. Esto debe hacerse así porque ellos son los únicos que cuentan con los medios materiales, humanos, técnicos y logísticos para encabezar esa iniciativa. Sobre este tema hay una amplia literatura y la cooperación internacional puede jugar un papel muy valioso para impulsar esta meta, brindando asesoría técnica. Al mismo tiempo, debe fortalecerse el vínculo entre el gobierno central y los gobiernos municipales en la ejecución de proyectos productivos conjuntos, que sean generadores de empleo. El gobierno central debería contar con un cuerpo de asesores técnicos, conformado por profesionales expertos en su ramo, capaces de trasladarse a cualquier municipio del país para fortalecer la gestión local en cualquier campo que se requiera. Ese sería, por ejemplo, un destino encomiable para los recursos que proceden de la ayuda venezolana. Es inadmisible que se siga dando un fenómeno que he constatado muchas veces en la práctica, en mis desplazamientos dentro del país, y es la inexistencia, en ciertas alcaldías remotas, de personal calificado para hacer frente adecuadamente a los retos económicos que se presentan. Para poner un ejemplo, en la alcaldía de San Pedro de Lóvago, departamento de Chontales, la responsable de Planificación Económica era una estudiante de Derecho, y el responsable de comunicación un estudiante de Turismo. En cada alcaldía del país debería existir una oficina o departamento dedicado a promover, por todos los medios, y con el más alto nivel profesional asequible en el país, el desarrollo económico y la creación de empleo dentro del municipio. También debe desarrollarse el impulso a la elaboración de planes de desarrollo a nivel intermunicipal, regional y departamental, e incluso interdepartamental.

c) El gobierno debería fomentar lo que se conoce como “incubación de empresas”, para paliar el desempleo en las áreas urbanas, donde existen profesionales desempleados con un alto nivel de calificación. Una incubadora de empresas es un proyecto o empresa que tiene como objetivo la creación o el desarrollo de pequeñas empresas o microempresas y el apoyo a las mismas en sus primeras etapas de vida. En muchos casos, las incubadoras de empresas son proyectos de iniciativa pública con el objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas en una zona geográfica concreta. Las incubadoras suelen dar apoyo a los nuevos empresarios tanto en aspectos de gestión empresarial (plan de negocio, marketing, finanzas, etc.) como en el acceso a instalaciones y recursos a muy bajo precio e incluso de forma gratuita (local, teléfono, etc.). Con este apoyo se pretende disminuir el riesgo inherente a la creación de un nuevo negocio.

d) Debería fomentarse el empleo incentivando a todos aquellos productores que lancen o implementen proyectos que sean intensivos en el uso de mano de obra. Esto se da, en lo concerniente al área rural, en el caso de ciertos tipos de cultivos muy exigentes, y de la crianza de animales, que generan alto valor agregado. En un viaje reciente a El Salvador, pude saborear en un bar una deliciosa hamburguesa de pavo. Al preguntar, me enteré de que existen ahí granjas avícolas para la crianza de pavos, que generan carne de pavo suficiente para abastecer la demanda local, a un precio competitivo con el de la carne de pollo. Ahora bien, si existen en El Salvador, ¿por qué no podrían existir también en Nicaragua este tipo de granjas? Otro proyecto interesante dentro de esta categoría es la crianza de los búfalos de agua, los cuales fueron introducidos por el general Omar Torrijos en Panamá, en la zona de Colón, y se convirtieron en uno de sus proyectos económicos favoritos. Estos rumiantes tienen una serie de cualidades, como lo son: no ser exigentes en cuanto a su cuido ni a su alimentación, representar una fuente valiosa de proteínas y adaptarse idealmente a las condiciones de tierras pantanosas prevalecientes en la Costa del Caribe nicaragüense. También podría fomentarse, por ejemplo, en granjas especializadas, la crianza artificial de lagartos, cuya piel es muy cotizada para la fabricación de bolsos, carteras y otras artesanías de lujo. En la actualidad, los lagartos se cazan clandestinamente, para satisfacer la demanda de los talleres que procesan ese cuero, pese a la veda existente, y eso va en contra de la preservación de dicha especie.

e) Proyectos de carácter mixto. Si bien la experiencia de la llamada Area Propiedad del Pueblo, que funcionó en los años ochenta, fue desastrosa, es factible que el gobierno se involucre en la creación de ciertas condiciones, infraestructurales y logísticas, que permitan ejercer diversas actividades productivas por parte de productores privados individuales. Ejemplo: En la China continental, el gobierno ha construido granjas piscícolas, subdivididas en muchos estanques, las cuales arrienda a criadores privados de peces, que pagan un cierto alquiler por usar las instalaciones, y reciben asesoría técnica y otras facilidades de parte del gobierno. Esto ha permitido aumentar la producción artificial de peces, que permiten enriquecer la dieta popular y crear fuentes de trabajo para muchas personas desempleadas. Estos proyectos el gobierno puede impulsarlos otorgando concesiones a empresarios privados para que se encarguen de materializarlos y de operarlos, de acuerdo a lineamientos que el gobierno establecería de antemano. Lo que vemos en este caso es una inversión estatal en una infraestructura productiva que se concede en arriendo a los privados, dentro de condiciones preestablecidas, con el fin de garantizar la generación de empleo productivo y a la vez garantizar la seguridad alimentaria de la población. Es una variante de lo que contempla el programa Hambre Cero, pero con la diferencia de estar enfocado hacia un nuevo rubro, como es la explotación del recurso piscícola.

He citado algunos ejemplos de algunas medidas que podrían tomarse para combatir el desempleo en Nicaragua. No hablo aquí de parques tecnológicos o industriales, pese a su importancia, porque acaso no exista el nivel técnico para implementarlos. Es posible que no todos los mecanismos citados para crear empleo sean aprovechables, por una razón u otra. Puede ocurrir, asimismo, que existan otras medidas más idóneas que las que aquí he propuesto. En cualquier caso, eso no es lo importante. Lo que resulta vital en este particular es adoptar frente al desempleo una actitud proactiva para combatirlo, superando la actitud resignada y fatalista que ha prevalecido hasta ahora.

El gobierno, más que cualquier otro agente, tiene los medios para contribuir a paliar el desempleo. Los ciudadanos estamos obligados a presionarlo para que los aplique de una manera amplia y creativa, renunciando al clientelismo y fomentando la innovación.

Nota: el autor es economista.